A finales de cada año, como una sombra de silueta deforme, los estadunidenses recuerdan con sabor amargo la dolorosa y abrupta muerte de su trigésimo quinto presidente, John Fitzgerald Kennedy (JFK), quien en ese momento afrontaba el repudio de la sociedad norteamericana a la guerra de Vietnam; así como, la expansión del comunismo en Latinoamérica, la carrera espacial, la guerra fría y la lucha de los derechos civiles afroamericanos.
La pregunta aun sin aclarar, es si los informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Warren, apuntan a que Lee Harvey Oswald actuó solo y sin complicidad para asesinar al presidente Kennedy; ¿por qué 54 años después la descalcificación de los documentos sigue siendo parcial?
Como pequeñas lunas alrededor de Saturno, existen un sin número de teorías de conspiración entorno a la tragedia. Algunas insinúan un trabajo interno de la CIA y de otras agencias gubernamentales que tenían conocimiento del complot y, por ende, fungieron como cómplices, otras estipulan la implicación del entonces vicepresidente Lyndon B. Johnson, Fidel Castro e, incluso, la mafia y el crimen organizado.
Conforme a la Ley de Registros del caso JFK, de los documentos que alguna vez fueron millones respecto a la investigación, 2,800 fueron recién publicados por la administración Trump y, al parecer de los expertos, no revelan nada nuevo, con todavía centenares de documentos que permanecen clasificados.
¿Por qué Trump ordenó que se realice una revisión de los documentos sellados faltantes por 180 días, con la posibilidad de perpetuarse hasta después del plazo, para que las agencias gubernamentales establezcan si representan una amenaza a la seguridad nacional, si las pesquisas indican que las averiguaciones fueron concluidas décadas atrás?
La Asociación de los Derechos Civiles de Buenos Aires (2006) define el derecho de acceso a la información: “como el derecho de una persona de buscar y recibir información en poder del gobierno y administraciones públicas, y se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática”.
En tanto que, las Naciones Unidas sostiene que “la libertad de información es un derecho fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que se están consagradas”.
A la luz de los contextos planteados, el gobierno norteamericano decidió lo que debía o no hacerse público y cuando tenía que hacerse, apelando a la noble causa de no perturbar a sus ciudadanos con la verdad, y evidenciando nieblas e incongruencias intrínsecas en la muerte de JFK.
Es inevitable preguntarse: ¿cuál es el valor de la constitución y la realidad de la democracia cuando un presidente es asesinado bajo circunstancias eclipsadas y exista censura a sus ciudadanos sobre la verdad?
¿Cómo puede funcionar una democracia si no existe accesibilidad y transparencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos que eligen a los gobernantes, y luego ocultan información a quienes los escogieron?
De acuerdo a encuesta efectuada en el 50 aniversario del deceso del presidente Kennedy, el reporte de la Comisión Warren continúa teniendo gran escepticismo, y la mayoría opina que más de una persona estuvo involucrada en la confabulación.
Ojalá en los intentos de protección, los gobiernos no olviden que están en posiciones de servicio en Estados que son del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.
*Este articulo fue escrito para el Periódico Primicias y publicado el 08 de diciembre de 2017.
Francina herasme 